En la mesa disertarán:

 

Catalina Buliubasich Lic. En Antropología - ex Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta y ex Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Salta.

 

Elena Corvalán -Directora de Radio Nacional Salta Presidenta de la Asociación de Periodistas de Salta (APeS).

 

Lucas Seghezzo Licenciado en Recursos Naturales por la Universidad Nacional de Salta (UNSa) Investigador Adjunto del CONICET y Vicedirector del Instituto de Investigaciones en Energía No Convencional (INENCO).

 

Héctor Eduardo Rodríguez Lic.en Antropologia, Exvice Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta. Miembro del Comité del Instituto CEPIHA (Centro Promocional de Investigaciones en Historia y Antropología). Fue integrante por la UNSa. de la Comisión Asesora Honoraria Provincial para la Regularización Jurídica de los Lotes Fiscales 55 y 14 (Rivadavia, Salta) y es coautor de la Propuesta de las Universidades ante esa Comisión (1994). Fue miembro del equipo interdisciplinario y coautor del Informe de la Comisión Oficial realizada a los lotes 32 y 33 de Pizarro, aprobado por el Consejo Superior de la UNSa, en 2004.

 

Andrew Paul Leake BSc. Dr. en Ciencias Ambientales (Hatfield Polytechnic). M.A Desarrollo Social Rural (Unviersity of Reading). Ph.D. Investigación Participativa sobre Patrones de Uso de Tierras entre Indígenas del Chaco Paraguayo (University of Hertfordhsire).

 

 

El 29 de diciembre de 2008 (con una ampliación el 26 de marzo de 2009) la Corte Suprema de la Nación accediera al pedido de comunidades indígenas y criollas y suspendiera preventivamente los desmontes en los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria. Pero en diciembre de 2011 revocó esa medida cautelar.

 

Mientras duró esta medida cautelar, hubieron fuertes presiones mediáticas, donde se intenta convencer a la opinión pública de que esa medida (y la ley Nacional de protección de los bosques nativos N° 26.331/07) generó el desempleo y la pobreza en el norte salteño.

Aunque la medida de la Corte Suprema disminuyó las explotaciones forestales y la deforestación con fines de agricultura o ganadería, estas actividades siguieron (aunque disminuidas), alentadas por la falta de capacidad, o de decisión, del estado provincial para hacer cumplir la orden suprema.

 

La continuidad de los desmontes fue denunciada reiteradamente por pueblos originarios y pequeños productores. Precisamente, la ampliación de la cautelar dictada en marzo de 2009 surgió luego de que campesinos e indígenas denunciaran el incumplimiento de lo ordenado or el máximo tribunal de justicia del país.

 

Después de la ampliación de la cautelar los desmontes siguieron, como lo señalaron (exhibiendo mapas satelitales) en agosto de 2011 docentes, investigadores y estudiantes de la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), quienes elevaron un petitorio al gobernador, los legisladores provinciales y los ministros, en un nuevo intento para que reflexionaran sobre el grave daño que estas actividades extractivas están produciendo al ambiente y a los habitantes “desde épocas pretéritas” de esas tierras, por años olvidadas y que en los últimos años han adquirido interés de la mano de la expansión de los cultivos extensivos.

 

Por resolución 1036/11 el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la UNSa acompañó un documento que docentes, investigadores y estudiantes de Antropología elaboraron en forma de petitorio dirigida a las máximas autoridades políticas de la provincia. Este documento se funda en datos de la Estación Experimental del INTA Salta para demostrar que no solo no es cierto que se haya paralizado la producción en San Martín, sino que, por el contrario, “en los últimos diez años se ha incrementado de manera sostenida la superficie sembrada en más de 50.000 has.”.

 

Basados en datos del INTA muestran que durante la vigencia de la cautelar aumentó la superficie cultivada en ese departamento: se pasó de 224.320 hectáreas en la campaña 2008/2009 a 279.190 hectáreas en la campaña 2010/2011. Considerados por tipo de producción, en la campaña 2008/2009 se sembraron 124.190 hectáreas de soja y en la campaña 2010/2011, 131.690 hectáreas , es decir, 7.400 hectáreas más. 

 

Mucho mayor fue el incremento en la siembra del maíz: se pasó de 12.580 hectáreas a 37.350, lo que refleja un aumento de 24.770 hectáreas . En el mismo lapso el aumento de superficie sembrada con poroto fue de 17.940 hectáreas (de 87.450 hectáreas a 105.390).

Surge una serie de preguntas, que responderlas resulta imprescindible para tomar posición: ¿quién se queda con los beneficios y quién paga los costos de estas actividades que utilizan bienes naturales.? ¿La deforestación, el aumento de las siembras brinda beneficios a los habitantes de añares en esas tierras? ¿Conlleva una mejora en su calidad de vida? ¿beneficia al resto de la sociedad? Son preguntas pertinentes que hasta ahora no han sido respondidas, o intentan ser respondidas con afirmaciones que la realidad se empecina en desmentir.

 

“Los desmontes expulsan, desalojan y acorralan a las poblaciones indígenas y campesinas que viven de los recursos del monte y que además tienen una relación cultural y espiritual con la tierra”

“La pobreza estructural y muertes por hambre en esta zona (una de las más pobres del país) no son de hoy, pero se ha visto agudizada por los procesos intensos de expropiación de medios de subsistencia básicos para la vida que brindaba el bosque y su agua”.

 

Los campesinos, criollos e indígenas, desalojados (por procesos violentos o porque la vida se les hace imposible en el lugar que siempre ocuparon) se ven obligados a asentarse en zonas periurbanas y se convierten así en demandantes de servicios y ayuda social en vez de seguir siendo una fuerza de trabajo autosustentable y productora (o potencial productora) de alimentos orgánicos.

 

Se realiza este foro con la intención de discutir el tema, y haciendo propias el pedido de que las decisiones que se tomen desde el Poder Ejecutivo Provincial y la Legislatura “no se basen en sensaciones o presiones corporativas, sino en la realidad de datos provenientes de información generada por instituciones científicas acreditadas”.